El Ministerio de Justicia puso a consideración de la ciudadanía un borrador de decreto que modificaría las reglas de reparto de las acciones de tutela presentadas contra el presidente de la República, con el objetivo de que estos procesos vuelvan a ser conocidos en primera instancia por el Consejo de Estado.
La propuesta plantea modificar el Decreto 1069 de 2015 para establecer que las acciones de tutela dirigidas contra actuaciones u omisiones del jefe de Estado, cuando estas se produzcan en ejercicio de sus funciones, sean repartidas directamente al Consejo de Estado para su conocimiento en primera instancia.
El cambio representa una modificación frente a la regla adoptada durante el anterior gobierno de Gustavo Petro, bajo la cual las tutelas contra el Presidente podían ser tramitadas inicialmente por jueces de circuito. Con el nuevo proyecto, el alto tribunal asumiría nuevamente el conocimiento inicial de este tipo de acciones.
De acuerdo con el Ministerio de Justicia, la modificación tendría un carácter exclusivamente administrativo relacionado con el reparto de los procesos. El proyecto aclara que la medida no constituye un fuero presidencial, tampoco establece una competencia exclusiva ni crea un régimen procesal diferente para el mandatario.
La propuesta también precisa que un eventual incumplimiento de la regla de reparto no permitiría a los jueces rechazar una acción de tutela, declarar la nulidad de las actuaciones realizadas o promover conflictos de competencia. De esta manera, se busca evitar que una diferencia en la asignación del proceso termine afectando el derecho de los ciudadanos a acudir a este mecanismo de protección constitucional.
El borrador mantiene, además, la regla general según la cual las acciones de tutela dirigidas contra las demás autoridades del orden nacional continuarán siendo repartidas a los jueces del circuito o a despachos judiciales de igual categoría. Esta disposición también se conservaría para los casos relacionados con la erradicación de cultivos ilícitos.
La justificación del Gobierno para impulsar el cambio está relacionada con la naturaleza y el alcance de las funciones presidenciales. El proyecto señala que el presidente tiene constitucionalmente la condición de Jefe de Estado, Jefe de Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa, por lo que sus decisiones y actuaciones pueden generar efectos de alcance nacional e incluso internacional.
Bajo esa consideración, el Ministerio de Justicia plantea que resulta pertinente que las tutelas relacionadas con actuaciones u omisiones presidenciales sean conocidas inicialmente por un órgano judicial de alcance nacional como el Consejo de Estado.
El decreto se encuentra actualmente en etapa de comentarios, por lo que la propuesta todavía no constituye una modificación definitiva de las reglas de reparto. El proceso de revisión y las observaciones que se reciban determinarán los pasos siguientes antes de una eventual expedición del decreto.
La iniciativa abre así una nueva discusión jurídica y administrativa sobre el trámite de las tutelas contra el Presidente y sobre cuál debe ser el órgano judicial encargado de conocerlas en primera instancia.
