El Gobierno nacional expidió el Decreto Legislativo 1426 del 17 de septiembre de 2026, mediante el cual autorizó a Prosperidad Social a suspender de manera excepcional y temporal algunas verificaciones y corresponsabilidades exigidas a los beneficiarios de programas de transferencias monetarias afectados por el terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto.
La medida busca garantizar la continuidad de los pagos a las personas que ya se encontraban vinculadas a estos programas cuando ocurrió la emergencia y que, debido a los daños ocasionados por el terremoto, no puedan cumplir temporalmente con determinados procesos de verificación.
El decreto no crea un nuevo subsidio ni modifica el valor de las transferencias. Su objetivo es permitir que los beneficiarios mantengan los pagos mientras se restablecen las condiciones necesarias para comprobar el cumplimiento de los requisitos.
La decisión está relacionada con las afectaciones registradas en 496 municipios de 16 departamentos, de acuerdo con los reportes de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) citados en el decreto.
Los registros oficiales incluidos en la norma reportaban 196.614 familias y 406.963 personas damnificadas, además de daños en viviendas, instituciones educativas, centros de salud, vías y otros servicios esenciales.
Estas afectaciones también impactaron la infraestructura y los sistemas de información utilizados para verificar algunas de las condiciones requeridas por los programas sociales.
Entre los procesos que podrían verse afectados están la comprobación de matrícula educativa, controles médicos, esquemas de vacunación, desempeño académico y reporte de novedades, dependiendo del programa y de las condiciones de cada territorio.
En los municipios directamente afectados por la emergencia, Prosperidad Social registra beneficiarios de varios programas de transferencias monetarias.
La cobertura reportada incluye 258.018 hogares de Renta Ciudadana, 237.363 hogares de Compensación del IVA, 1.255.622 personas de Colombia Mayor y 64.107 personas de Renta Joven.
La medida está dirigida a quienes ya eran beneficiarios de estos programas y cuya verificación de requisitos o corresponsabilidades resulte temporalmente imposible como consecuencia de las afectaciones provocadas por el terremoto.
Por esta razón, la disposición no representa una ampliación general del número de beneficiarios ni implica la creación de una nueva transferencia económica.
El Decreto 1426 establece que la suspensión excepcional de las verificaciones podrá extenderse hasta por 12 meses.
Sin embargo, el levantamiento deberá realizarse progresivamente, de acuerdo con la recuperación de la infraestructura, los servicios y los sistemas de información necesarios para retomar los procesos de verificación.
De esta manera, Prosperidad Social podrá mantener la continuidad de los pagos mientras persistan las dificultades generadas por la emergencia, sin eliminar de forma permanente los mecanismos establecidos para comprobar el cumplimiento de las condiciones de cada programa.
La medida hace parte de las acciones adoptadas por el Gobierno para atender las consecuencias sociales de la emergencia y evitar que los daños ocasionados por el terremoto terminen interrumpiendo temporalmente las transferencias de los hogares y personas que ya hacían parte de los programas.
