El ministro de Justicia, Iván Cancino, aseguró que el proyecto no contempla negociaciones políticas ni reconocimiento de estatus político y que quienes se acojan deberán cumplir condiciones judiciales relacionadas con verdad, reparación y entrega de bienes.
El Gobierno de Abelardo De la Espriella avanza en la elaboración de una Ley de Sometimiento para establecer las condiciones bajo las cuales integrantes de grupos armados y organizaciones criminales podrán entregarse a la justicia. El ministro de Justicia, Iván Cancino, confirmó que el proyecto se encuentra en revisión y que será presentado ante el Congreso de la República.
La iniciativa surge en medio de manifestaciones de voluntad de sometimiento de jefes de estructuras armadas como Fredy Castillo Carrillo, alias Pinocho, de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, y José Vicente Lesmes, alias Wálter Mendoza, de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano.
De acuerdo con Cancino, la propuesta utilizaría como base la Ley 418, pero establecería reglas diferentes para quienes decidan abandonar las armas y someterse a los procesos judiciales.
Uno de los principales aspectos anunciados por el Gobierno es que la Ley de Sometimiento no abrirá mesas de diálogo ni reconocerá estatus político a los integrantes de las organizaciones ilegales.
Cancino señaló que los posibles beneficiarios no tendrán capacidad para negociar las condiciones de la ley. La ruta estará definida por el Congreso y las autoridades judiciales y de control correspondientes.
El proyecto tampoco contempla, según el ministro, zonas permanentes de concentración ni una jurisdicción especial. Los procesos continuarían en manos de fiscales y jueces ordinarios, aunque se analiza la posibilidad de establecer una unidad especializada en la Fiscalía mediante redistribución de cargas de trabajo.
Otro de los componentes anunciados está relacionado con la reparación. El Gobierno plantea que quienes quieran acogerse deberán entregar bienes y recursos obtenidos mediante actividades ilícitas, además de aportar información sobre las estructuras criminales.
Cancino explicó que los eventuales beneficios estarían condicionados al cumplimiento de obligaciones como entregar información, contribuir al esclarecimiento de hechos, reparar a las víctimas y garantizar la no repetición.
La propuesta también contempla que la participación de las víctimas tenga incidencia en determinadas decisiones relacionadas con beneficios durante el cumplimiento de las penas.
Paralelamente, el Gobierno anunció un Estatuto Antiterrorista dirigido contra las organizaciones armadas, sus estructuras y sus economías ilícitas. El objetivo será complementar la política de sometimiento con medidas de persecución y control.
En materia penitenciaria, Cancino descartó cárceles exclusivas o condiciones privilegiadas para los integrantes de estos grupos. La propuesta contempla el cumplimiento de las penas en establecimientos penitenciarios ordinarios, además de programas productivos orientados a la resocialización.
Asimismo, el ministro aclaró que una eventual inclusión en la Ley de Sometimiento no suspendería órdenes de captura ni procesos de extradición. Las personas requeridas por otros países continuarían sometidas a los procedimientos correspondientes.
El debate tomó fuerza después de que alias Pinocho manifestara su disposición a entregarse bajo determinadas condiciones jurídicas. Por su parte, Wálter Mendoza solicitó al Gobierno abrir espacios de interlocución y planteó asuntos relacionados con víctimas, reincorporación, verdad, reparación y programas sociales.
La respuesta del Gobierno ha sido que la vía será el sometimiento a la justicia y no la negociación política. La administración anunció que mantiene activa la persecución de las organizaciones armadas mientras avanza el trámite legislativo.
El proyecto deberá ser discutido por el Congreso, donde se definirán finalmente sus alcances, condiciones y mecanismos de aplicación.
