María Margarita Guerra recibió un nuevo respaldo jurídico a su elección como gobernadora del Magdalena para el periodo 2024-2027, luego de que la Procuraduría General de la Nación solicitara al Consejo de Estado negar las pretensiones de nulidad presentadas contra los resultados electorales.
El pronunciamiento fue presentado ante la Sección Quinta del Consejo de Estado por la Procuraduría Séptima Delegada ante esa corporación. En su concepto, el Ministerio Público concluyó que el proceso electoral y los escrutinios se desarrollaron conforme a las normas constitucionales y legales vigentes.
Según la Procuraduría, durante el proceso se respetaron las garantías procesales y el principio de publicidad, mientras que las comisiones escrutadoras atendieron oportunamente las solicitudes formuladas dentro del trámite electoral.
El concepto también señala que las actuaciones adelantadas durante los escrutinios garantizaron el debido proceso y contaron con la presencia de los organismos de control correspondientes. Para el Ministerio Público, estos elementos respaldan la legalidad del procedimiento mediante el cual se consolidó la elección de María Margarita Guerra.
La solicitud de la Procuraduría al Consejo de Estado consiste en negar las pretensiones de nulidad formuladas contra la elección de la gobernadora del Magdalena. El concepto hace parte del proceso que deberá resolver la Sección Quinta, encargada de conocer asuntos relacionados con la legalidad de elecciones y actos electorales.
El pronunciamiento del Ministerio Público no constituye por sí mismo la decisión definitiva del Consejo de Estado. Corresponderá a los magistrados de la Sección Quinta estudiar los argumentos de las partes y adoptar la determinación que corresponda dentro del proceso.
Para la administración departamental, el concepto representa un respaldo a la legitimidad del mandato obtenido en las urnas y a la estabilidad institucional del Magdalena.
Fabian Salazar, apoderado judicial de María Margarita Guerra, destacó el alcance del pronunciamiento y afirmó que la decisión de la Procuraduría constituye un respaldo al respeto por la voluntad popular y a la transparencia del proceso electoral.
El caso se encuentra dentro de los procesos electorales que actualmente son objeto de revisión por parte de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. En este escenario, el Consejo de Estado deberá analizar las pretensiones de nulidad y los argumentos presentados por las partes antes de emitir una decisión definitiva.
El concepto del Ministerio Público constituye una postura dentro del proceso y no reemplaza el fallo judicial que deberá emitir el Consejo de Estado.
Mientras avanza el trámite, María Margarita Guerra continúa ejerciendo como gobernadora del Magdalena para el periodo constitucional 2024-2027. La decisión que adopte la Sección Quinta será la que determine el desenlace jurídico de las demandas presentadas contra su elección.
El pronunciamiento de la Procuraduría concentra así la atención política y jurídica en el departamento, al considerar que el procedimiento electoral cumplió con las garantías previstas por la legislación colombiana.
