El 2 de octubre de 2016, a pesar de todos los esfuerzos que se hicieron para que los colombianos ratificáramos el Acuerdo de paz que tras52 años de guerra con las FARC, el NO triunfó aunque por un estrecho margen, 50.2% de los votos.
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, reconoció los resultados y dijo que no se rendiría y seguiría luchando por la paz hasta el último día de su mandato.
Señaló que mantendrá su interés en negociar la paz y en ese sentido anunció que el cese al fuego seguirá vigente. No era la primera vez que un acuerdo de ese tipo fracasaba en Colombia. En 1953, el presidente General Gustavo Rojas Pinilla, estableció uno entre los «bandoleros» o «chusmeros» liberales y los diferentes estamentos del país. Esta es la historia contada en la revista Credencial:
-En este escenario el Jefe Supremo, como llamaban al General Presidente, se apartó de los gobiernos conservadores de Mariano Ospina Pérez, Laureano Gómez y Roberto Urdaneta Arbeláez (1946- 1953), que llamaban a los llaneros alzados en armas “bandoleros” (“delincuentes comunes que actuaban movidos por odios y pasiones para satisfacer sus deseos personales”), porque los denominó “guerrilleros”, es decir, delincuentes políticos- indica la publicación
Los jefes de ese grupo, Guadalupe Salcedo (izquierda) y Dumar Aljure. entregaron sus armas al comandante Alfredo Duarte Blum y un apretón de manos entre ellos y el mandatario Rojas Pinilla, selló la negociación. Pero…Como ha ocurrido siempre en Colombia la paz encuentra adversarios por doquier.
–Embriagados por la que consideraban una gran victoria del Régimen de las Fuerzas Armadas, sus propagandistas no contaron todo lo qué pasó con los desmovilizados. Estos, campesinos que regresaron a las tierras que ocuparon antaño, confiados en las promesas de Bogotá, las encontraban en manos de conservadores que, lejos de restituírselas, los expulsaban de nuevo en medio de amenazas. O sea que los reinsertados liberales no hallaron la prometida paz- indica la revista Credencial en su edición del 12 de septiembre del 2020.
Aquel ya lejano 2 de octubre de 2016 luego de que el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC, tras años de negociaciones en La Habana, firmaban un Acuerdo de Paz que prometía cerrar medio siglo de guerra lo que fue un momento solemne, casi litúrgico: en Cartagena, frente al mundo, se estrecharon manos que antes empuñaban fusiles.
Pero el país, dolido y dividido, dijo “No”. En el plebiscito del 2 de octubre, la mayoría votó en contra del acuerdo. No por falta de deseo de paz, sino por la sensación de que se había negociado demasiado con los victimarios. Las penas restaurativas, la participación política de excombatientes, la falta de cárcel para crímenes atroces… todo eso pesó más que la esperanza.
El acuerdo fue renegociado y aprobado por el Congreso. Se firmó de nuevo, esta vez sin fiesta. Y desde entonces, la implementación ha sido un camino cuesta arriba. Hoy, casi una década después, el balance es amargo: Se prometieron 3 millones de hectáreas para campesinos. Se ha entregado apenas el 1.19%.
Los proyectos productivos avanzan a paso de tortuga. Las cifras se contradicen. Las instituciones no se ponen de acuerdo.
La JEP condenó a los exjefes de las FARC por más de 21.000 secuestros, pero las sanciones son trabajos comunitarios. Las víctimas sienten que la justicia se les volvió trámite.
La Corte Constitucional acaba de ordenar reestructurar la Unidad de Implementación. Hoy no tiene ni dientes ni voz suficiente para coordinar la paz.
Mientras tanto, algunos excombatientes se rearmaron. Otros siguen esperando tierras, apoyo, dignidad.
Juan Manuel Santos, en una entrevista reciente, reconoció que someter el acuerdo a plebiscito fue un error. “La paz no se vota”, dijo. Y quizás tenga razón. Pero el daño ya está hecho. El país sigue dividido, y la paz, como tantas veces, se volvió palabra rota.
