Iván Name y Andrés Calle recuperarán la libertad provisional por decisión de la Corte Suprema de Justicia, que determinó que se cumplieron los términos legales máximos para mantenerlos privados de la libertad preventivamente sin que concluyera el juicio en su contra por el escándalo de presunta corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

La decisión fue adoptada por la Sala Especial de Primera Instancia y se fundamentó en el vencimiento de términos, una figura jurídica que permite solicitar la libertad cuando se superan los plazos establecidos por la ley para determinadas actuaciones judiciales.

Name, expresidente del Senado, y Calle, expresidente de la Cámara de Representantes, permanecían detenidos mientras avanzaba el proceso relacionado con supuestos pagos ilegales y el presunto direccionamiento de recursos públicos. Sin embargo, la determinación de la Corte no significa que hayan sido absueltos ni que el expediente haya sido cerrado.

La investigación y el juzgamiento continuarán, mientras las autoridades judiciales deberán determinar si existen responsabilidades penales por los hechos que se les atribuyen.

Vencimiento de términos motivó la decisión

Según la información del proceso, ambos excongresistas permanecían detenidos desde el 7 de mayo de 2025. La resolución de acusación quedó en firme el 7 de octubre de ese mismo año, fecha que resultó determinante para el cálculo del plazo legal de detención preventiva.

La normativa contempla términos para avanzar en el proceso judicial y establece condiciones específicas cuando se presentan circunstancias como la práctica de pruebas en el exterior. En este expediente, el plazo máximo señalado por la defensa y evaluado por la Sala se cumplió el 7 de octubre de 2026, sin que hubiera terminado el juzgamiento.

Durante ese periodo, la Corte adelantó diferentes actuaciones para reunir elementos de juicio y escuchar a los testigos. Entre las diligencias se encuentran interrogatorios realizados entre marzo y octubre de 2026, así como la recopilación de documentos relacionados con los hechos investigados.

No obstante, la complejidad del caso y las actividades desarrolladas durante la investigación no permiten extender automáticamente la detención preventiva más allá de los límites establecidos legalmente.

Las defensas solicitaron la libertad el 8 de octubre de 2026 y la Sala Especial de Primera Instancia estudió la petición antes de adoptar la determinación.

¿De qué se acusa a Iván Name y Andrés Calle?

El proceso contra los dos expresidentes del Congreso está relacionado con el escándalo de presunta corrupción en la UNGRD, entidad encargada de coordinar acciones para la prevención y atención de desastres en Colombia.

Dentro del expediente se investigan posibles delitos de cohecho impropio y peculado por apropiación en favor de terceros. Las acusaciones se relacionan con supuestos pagos ilegales que, presuntamente, buscaban conseguir respaldo político para las reformas pensional y de salud promovidas por el Gobierno nacional en 2023.

Uno de los elementos centrales del caso es un contrato por 46.800 millones de pesos adjudicado a la empresa Impoamericana Roger S.A.S. para adquirir 40 carrotanques destinados al suministro de agua potable en La Guajira.

La contratación quedó bajo escrutinio por las presuntas irregularidades relacionadas con el proceso y el destino de los recursos públicos. Las autoridades investigan si parte del dinero vinculado al negocio habría sido utilizado para entregar pagos ilegales a dirigentes políticos.

Los presuntos pagos bajo investigación

Según los señalamientos incorporados al expediente, Andrés Calle habría recibido 1.000 millones de pesos en efectivo en su apartamento de Montería.

En el caso de Iván Name, la investigación le atribuye la presunta recepción de 3.000 millones de pesos en dos entregas que se habrían realizado en el hotel Tequendama Suites, en Bogotá. Los supuestos movimientos de dinero habrían involucrado a intermediarios relacionados con el escándalo de la UNGRD.

Estos señalamientos forman parte de las hipótesis que deben ser examinadas por la justicia. Por esa razón, la información sobre los presuntos pagos no equivale a una declaración definitiva de culpabilidad.

El proceso busca establecer qué ocurrió con los recursos, si existieron acuerdos ilegales y cuál habría sido la participación de cada uno de los implicados. La responsabilidad penal deberá determinarse mediante las decisiones judiciales correspondientes y con respeto por el derecho a la defensa y la presunción de inocencia.

Las condiciones para recuperar la libertad

La libertad provisional de Iván Name y Andrés Calle está sujeta al cumplimiento de las condiciones fijadas por la Corte Suprema de Justicia.

Entre los requisitos establecidos figura la constitución de una caución prendaria equivalente a diez salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno de los excongresistas. Una vez cumplidas las condiciones exigidas, podrá hacerse efectiva la salida del centro de reclusión.

El vencimiento de términos no elimina las obligaciones procesales ni pone fin al juzgamiento. Los beneficiados deberán atender los requerimientos de las autoridades judiciales y cumplir las condiciones que se mantengan vigentes dentro del proceso.

La decisión representa un nuevo episodio en uno de los casos de presunta corrupción más relevantes relacionados con el manejo de recursos destinados a la atención de emergencias en Colombia.

Aunque los dos excongresistas podrán recuperar su libertad provisional, el expediente continuará su curso. La Corte deberá avanzar en el juzgamiento y evaluar las pruebas disponibles antes de adoptar una decisión de fondo sobre las acusaciones.

Por ahora, la determinación se refiere a los límites legales de la detención preventiva y no al resultado final del proceso penal contra Iván Name y Andrés Calle.