Las primeras propuestas empresariales para el salario mínimo de 2027, los valores proyectados, las diferencias entre gremios y el calendario previsto para la negociación.
las cifras, las declaraciones y las fechas se presentan conforme al texto suministrado. Antes de publicar, conviene verificar la vigencia del cronograma y las cifras oficiales, especialmente porque las propuestas no constituyen todavía un aumento aprobado.
Los empresarios plantean un incremento de entre el 8 % y el 9,5 %, con lo que el sueldo básico mensual quedaría entre $1.891.977 y $1.917.241, sin auxilio de transporte. La cifra definitiva dependerá de la negociación entre el Gobierno, los gremios y los trabajadores.
El salario mínimo 2027 empezó a generar debate entre los gremios empresariales de Colombia, que presentaron sus primeras propuestas para definir el incremento del próximo año. Las organizaciones plantean un ajuste de entre el 8 % y el 9,5 %, tomando como referencia la inflación, la productividad laboral y los efectos que tendría el aumento sobre el empleo formal.
De acuerdo con estos escenarios, el salario básico mensual pasaría de $1.750.905 a un rango aproximado de entre $1.891.977 y $1.917.241, sin incluir el auxilio de transporte. Sin embargo, estos valores son estimaciones preliminares y no representan una decisión definitiva sobre la remuneración que recibirán los trabajadores colombianos en 2027.
La negociación se desarrollará durante el gobierno de Abelardo de la Espriella y tendrá como uno de sus principales desafíos encontrar un equilibrio entre la recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores y la capacidad de las empresas para asumir los costos laborales.
La inflación anual, que se ubicó en el 6,29 % en septiembre, según la información económica citada, será uno de los indicadores centrales de la discusión. Su comportamiento permitirá evaluar el aumento del costo de vida y establecer qué porcentaje de ajuste contribuiría a preservar la capacidad de compra de los hogares.
Camilo Sánchez, presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco), planteó que el cálculo parta de la inflación y contemple, como máximo, dos puntos adicionales de productividad. Bajo esta fórmula, el incremento del salario mínimo de 2027 se ubicaría entre el 8 % y el 9,5 %.
Desde el sector agropecuario, Jorge Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), pidió analizar los efectos del aumento aplicado en 2026, que, según las cifras mencionadas en el debate, fue del 23,7 %. El dirigente advirtió que los incrementos elevados pueden dificultar la generación y conservación de empleos formales, especialmente en actividades con márgenes de rentabilidad reducidos.
Claudia Calero, presidenta de Asocaña, también defendió una negociación sustentada en variables económicas. Su posición apunta a que las decisiones salariales deben considerar la inflación y la productividad para evitar efectos negativos sobre la competitividad de las empresas.
Por su parte, José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán, coincidió en la importancia de concertar el incremento a partir del comportamiento de los precios y la capacidad productiva de la economía.
Las estimaciones presentadas por los gremios permiten calcular cuánto recibirían mensualmente los trabajadores dependiendo del porcentaje que finalmente se acuerde.
La diferencia entre ambos escenarios sería de aproximadamente $25.264 al mes, sin contar el auxilio de transporte. Este último también deberá definirse durante la negociación correspondiente a 2027.
Los cálculos muestran que el porcentaje acordado tendrá un efecto directo sobre los ingresos de millones de trabajadores que reciben el salario mínimo. No obstante, el valor definitivo dependerá de las conversaciones entre el Gobierno, los representantes empresariales y las organizaciones sindicales.
Otro elemento que podría influir en el debate es la controversia jurídica alrededor del decreto que fijó el salario mínimo para 2026.
La Federación Nacional de Comerciantes Empresarios (Fenalco) solicitó al Consejo de Estado declarar la nulidad del Decreto 1469 del 29 de diciembre, al considerar que la determinación del incremento no habría tenido suficientemente en cuenta los parámetros legales relacionados con la inflación, la productividad y el crecimiento económico.
Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, sostuvo que una eventual nulidad no implicaría que los trabajadores deban devolver los salarios recibidos. La discusión jurídica se concentra en la legalidad del procedimiento utilizado para establecer el aumento.
Entre tanto, Nidia Hernández, presidenta de Colfecar, propuso que el incremento de 2027 no supere el 8 %. Arnulfo Cuervo, presidente de Fedetranscarga, consideró razonable un ajuste máximo del 9,5 %, aunque señaló que la discusión podría verse influida por decisiones judiciales relacionadas con el decreto vigente.
Desde otros sectores económicos también se han planteado fórmulas basadas en indicadores técnicos. Germán Arce, presidente de Asofiduciarias, defendió un acuerdo que proteja el poder adquisitivo. Nelson Castañeda, presidente de Campetrol, insistió en equilibrar inflación y productividad, mientras Andrés Velasco, presidente de Asofondos, respaldó el uso de indicadores certificados por el DANE y el Departamento Nacional de Planeación.
El cronograma de negociación contempla el 9 de octubre como fecha límite para que empresarios y trabajadores presenten sus aportes a la mesa técnica. Posteriormente, el 13 de octubre está prevista una reunión de la Comisión Tripartita para estudiar las propuestas.
En estas conversaciones se deberá establecer tanto el porcentaje de aumento del salario básico como el nuevo valor del auxilio de transporte.
Por ahora, el rango de entre $1,89 millones y $1,92 millones corresponde únicamente a proyecciones construidas a partir de las propuestas empresariales conocidas. La cifra final dependerá del resultado de la concertación y de los criterios económicos y legales aplicables.
El debate sobre el salario mínimo 2027 enfrenta dos prioridades: garantizar que los trabajadores puedan afrontar el costo de vida y evitar que el incremento de los costos laborales afecte la contratación formal. La negociación será determinante para definir cuánto aumentarán los ingresos de los trabajadores colombianos el próximo año.
