El Decreto 1525 de 2026 modifica el protocolo policial en Colombia y establece nuevas reglas para intervenir ante actos violentos, bloqueos viales y proteger la protesta pacífica.
Decreto 1525 de 2026 modifica las reglas de actuación de la Fuerza Pública durante las manifestaciones sociales en Colombia. La disposición, expedida el 13 de octubre por el Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella, introduce cambios en los procedimientos de diálogo, mediación e intervención policial, en medio de las movilizaciones nacionales convocadas para este miércoles 14 de octubre.
La norma, denominada Estatuto de reacción, uso y verificación de la fuerza legítima del Estado y protección del derecho a la protesta pacífica ciudadana, modifica y adiciona disposiciones del Decreto 003 de 2021. Su propósito declarado es establecer criterios para proteger el derecho a la manifestación pacífica y permitir la actuación de las autoridades frente a hechos violentos que comprometan la seguridad, los bienes o los derechos de terceros.
Uno de los principales cambios del Decreto 1525 de 2026 consiste en permitir que la Policía intervenga contra personas que estén cometiendo actos violentos sin esperar a que concluya el diálogo con el conjunto de los manifestantes.
Entre las situaciones contempladas figuran el porte o uso de armas y explosivos, la retención de personas contra su voluntad, las agresiones contra ciudadanos, policías, periodistas y misiones médicas, así como los ataques contra infraestructura pública o privada.
Las decisiones deberán sustentarse en las circunstancias verificadas y quedar documentadas en el Puesto de Mando Unificado (PMU). La norma también establece que las medidas de diálogo y protección deben mantenerse para quienes continúen participando pacíficamente en la movilización.
El decreto también establece condiciones específicas para intervenir frente a bloqueos de vías y obstrucciones que afecten la movilidad, la actividad económica o el suministro de bienes esenciales.
Sin embargo, precisa que una obstrucción vial no convierte automáticamente una protesta en violenta. La disolución total o parcial de una reunión por esta causa debe responder a circunstancias excepcionales, cuando la perturbación sea grave y sostenida y no exista otro medio menos lesivo para los derechos de reunión y manifestación pacífica.
Las autoridades deberán considerar factores como la duración del bloqueo, la existencia de rutas alternas, el paso de vehículos de emergencia y las afectaciones al abastecimiento de alimentos, medicamentos y otros bienes esenciales. También deberán aplicar el principio de uso mínimo de la fuerza.
El nuevo protocolo contempla cinco niveles para atender las manifestaciones: facilitación y gestión preventiva, diálogo directo, mediación y articulación institucional, disuasión y restablecimiento del orden mediante unidades policiales especializadas.
La regla general consiste en avanzar progresivamente cuando las medidas anteriores resulten ineficaces. No obstante, frente a hechos violentos, las autoridades podrán actuar de manera inmediata contra sus responsables, siempre bajo los criterios establecidos en la norma.
El decreto también contempla la habilitación de corredores solidarios para facilitar el paso de ambulancias, organismos de socorro, misiones médicas, personas con discapacidad, adultos mayores, mujeres gestantes y menores de edad, además del transporte de medicamentos, insumos hospitalarios y alimentos perecederos.
El Gobierno sostiene que la medida busca garantizar las manifestaciones pacíficas y evitar que los actos violentos afecten a otros ciudadanos. Sin embargo, la norma ha generado cuestionamientos relacionados con el margen de interpretación que tendrán los mandos policiales para determinar cuándo corresponde intervenir.
La aplicación de conceptos como violencia, afectación grave y perturbación sostenida será determinante para establecer si las actuaciones se dirigen exclusivamente contra quienes cometan agresiones o si pueden afectar a otros participantes.
La entrada en vigor del Decreto 1525 de 2026 coincide con las primeras grandes movilizaciones nacionales contra la administración de De La Espriella. La jornada del 14 de octubre pondrá a prueba los nuevos procedimientos y la capacidad de las autoridades para combinar el mantenimiento del orden público con la protección efectiva del derecho a la protesta pacífica.
