Las protestas en Francia dejaron miles de detenidos, policías heridos y graves daños. Emmanuel Macron rechazó la renuncia del ministro del Interior y ordenó revisar fallas de seguridad.
Las protestas en Francia desencadenaron una crisis de seguridad y política después de una jornada de manifestaciones contra el costo de vida que derivó en enfrentamientos, saqueos e incendios en distintas ciudades. El presidente francés, Emmanuel Macron, reconoció fallas en la previsión y los servicios de inteligencia, pero rechazó la renuncia del ministro del Interior, Laurent Nunez, presentada el domingo tras los disturbios.
El Palacio del Elíseo informó que Macron decidió mantener al funcionario en el cargo para garantizar la continuidad del liderazgo de las fuerzas del orden. No obstante, le exigió adoptar medidas para esclarecer los errores en la planificación de los operativos y establecer nuevos métodos de actuación policial.
Según las cifras del Ministerio del Interior citadas en el reporte, cerca de 2.400 personas fueron detenidas durante las manifestaciones y aproximadamente 1.000 policías y gendarmes resultaron heridos. Las movilizaciones se extendieron por ciudades como París, Marsella, Lyon y Burdeos, donde se registraron enfrentamientos con las autoridades, daños a establecimientos comerciales y ataques contra edificios públicos.
Durante un discurso dirigido a la nación, el mandatario prometió que las personas responsables de los actos vandálicos responderán ante la Justicia y deberán asumir las consecuencias de los daños ocasionados.
Macron atribuyó parte de la violencia a grupos radicales y delincuentes que, según su versión, aprovecharon las manifestaciones para cometer delitos. Sin embargo, también reconoció que algunos participantes tenían reivindicaciones legítimas y pidió distinguir entre quienes protestaron pacíficamente y quienes participaron en saqueos y ataques.
El presidente sostuvo que los agentes de seguridad fueron víctimas de agresiones graves y ordenó revisar los procedimientos de recopilación de inteligencia para evitar que se repitan errores similares.
Uno de los episodios más graves ocurrió en Limoges, donde un incendio afectó el ayuntamiento, un edificio histórico cuyo techo se derrumbó. Según la información divulgada, un grupo ingresó a las instalaciones cuando todavía había funcionarios, empleados y ciudadanos en su interior.
En Marsella, manifestantes entraron brevemente al vestíbulo del ayuntamiento, mientras que una comisaría sufrió daños. En Lyon, las autoridades reportaron un incendio dentro de una oficina de turismo.
Ante la magnitud de los incidentes, los alcaldes de París, Marsella y Lyon solicitaron una reunión con el primer ministro, Sébastien Lecornu, para abordar las consecuencias de los disturbios.
Las estimaciones oficiales señalaron que alrededor de 550.000 personas participaron en las movilizaciones nacionales, mientras que los organizadores calcularon una asistencia cercana a 800.000. En la región de París, la fiscalía reportó 855 detenidos, de los cuales 557 permanecían bajo custodia policial.
Además, las autoridades abrieron investigaciones por lesiones graves sufridas durante las protestas, incluidos los casos de una adolescente de 17 años que perdió un ojo y un joven que perdió una mano.
La crisis también intensificó la confrontación política en Francia, en un contexto previo a las elecciones presidenciales previstas para la próxima primavera.
Marine Le Pen, dirigente de extrema derecha, criticó al Gobierno de Macron y lo calificó de agotado y desorientado. Por su parte, Jean-Luc Mélenchon cuestionó la estrategia del primer ministro, aunque rechazó los saqueos y la destrucción de bienes públicos.
El presidente estadounidense, Donald Trump, también se refirió a los disturbios en redes sociales y relacionó sus comentarios con la inmigración. Sin embargo, según la información suministrada, las autoridades francesas no atribuyeron los hechos a esa causa.
Las protestas dejan así un desafío para el Gobierno francés: esclarecer las fallas de seguridad, determinar responsabilidades por los daños y atender las demandas sociales sin permitir que la violencia se imponga sobre el derecho a la manifestación.
