Deicy Jiménez afirmó, en una entrevista con un medio de comunicacíon, que mantuvo una relación íntima con Gustavo Petro y que obtuvo contratos en entidades públicas durante varios años. La mujer aseguró que esos vínculos laborales coincidieron con encuentros privados con el entonces senador y posteriormente presidente de Colombia. Sus declaraciones incluyen señalamientos sobre un supuesto consumo de drogas y posibles contrataciones estatales que, hasta el momento, requieren verificación independiente.

De acuerdo con el testimonio publicado, Jiménez conoció a Petro en 2019 a través de una página para adultos. Posteriormente, según su relato, ambos se encontraron en un hotel de Cali y, después de trasladarse a Bogotá, ella comenzó a trabajar mediante contratos de prestación de servicios en instituciones públicas.

La entrevistada mencionó vinculaciones con el Senado de la República, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y el Ministerio del Interior. También sostuvo que la relación se prolongó durante aproximadamente cinco años.

Las afirmaciones han generado interés por los posibles alcances de los señalamientos sobre contratación pública y por la necesidad de establecer si existieron irregularidades en los procesos de vinculación mencionados.

Sin embargo, es importante precisar que una entrevista periodística constituye una fuente de declaraciones, pero no demuestra por sí misma la comisión de delitos. Para establecer responsabilidades se requiere examinar documentos, verificar los testimonios y conocer las conclusiones de las autoridades competentes.

Deicy Jiménez menciona contratos públicos

Uno de los principales aspectos del testimonio se relaciona con los contratos que, según Jiménez, habría obtenido en diferentes entidades estatales durante varios años.

La mujer afirmó que sus vinculaciones laborales estuvieron relacionadas con la cercanía que, según su versión, mantenía con Petro. No obstante, para determinar si existieron beneficios indebidos sería necesario revisar los contratos, sus fechas, las funciones desempeñadas, los procedimientos de selección y los requisitos exigidos para cada vinculación.

La contratación por prestación de servicios en entidades públicas está sujeta a condiciones legales y administrativas. Por ello, cualquier eventual irregularidad debe analizarse a partir de pruebas concretas y no exclusivamente de declaraciones personales.

Jiménez también sostuvo que otras mujeres habrían vivido situaciones similares y calculó que podrían ser entre 30 y 40 personas. Según su versión, algunas habrían obtenido contratos estatales después de participar en encuentros privados.

La existencia de estas presuntas situaciones, la identidad de las personas mencionadas y una posible relación entre los encuentros y las contrataciones requieren corroboración independiente.

Hasta que se conozcan pruebas verificables, estas afirmaciones deben tratarse como señalamientos atribuidos a la entrevistada y no como hechos judicialmente establecidos.

Señalamientos sobre supuesto consumo de cocaína

Otro de los apartados de la entrevista se refiere a presuntas situaciones relacionadas con el consumo de cocaína. Jiménez aseguró que Petro habría llevado esa sustancia a algunos encuentros privados y afirmó que, en determinadas ocasiones, recibió dinero para comprarla.

En uno de los episodios relatados, la mujer sostuvo que el entonces senador le entregó tres millones de pesos para adquirir cocaína y transportarla hasta Bogotá.

Además, manifestó que conservaría fotografías y conversaciones que, según ella, respaldarían parte de su testimonio.

La posible existencia de estos materiales abre interrogantes sobre su autenticidad, fecha, contexto y contenido. Para que puedan contribuir al esclarecimiento de los hechos, sería necesario establecer su procedencia y someterlos a los procedimientos de verificación correspondientes.

Las declaraciones relacionadas con un supuesto consumo de sustancias psicoactivas también requieren pruebas independientes. Por tanto, no es posible presentar esas afirmaciones como hechos comprobados únicamente a partir de la entrevista.

La entrevistada solicita protección e investigación

Jiménez manifestó temor ante posibles represalias y pidió protección. Asimismo, solicitó que la Fiscalía General de la Nación, la Corte Suprema de Justicia y la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes examinen los hechos que expuso públicamente.

Su petición plantea la necesidad de que las autoridades competentes determinen si existen elementos suficientes para iniciar o impulsar actuaciones dentro de sus respectivas atribuciones.

Una eventual investigación tendría que establecer la autenticidad de los documentos y comunicaciones mencionados, identificar los contratos señalados y determinar si hubo alguna relación irregular entre las vinculaciones laborales y los hechos denunciados.

También sería necesario contrastar el testimonio con otras fuentes, escuchar a las personas involucradas y garantizar el respeto por el debido proceso.

La solicitud de investigación no implica que las acusaciones hayan sido demostradas ni que exista una responsabilidad penal establecida.

El antecedente de las 48 mujeres mencionadas en el Congreso

Las declaraciones de Jiménez se conocen después de que Carlos Ríos, director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), hablara en el Congreso sobre 48 mujeres que, según afirmó, habrían sido instrumentalizadas mediante contratos de prestación de servicios durante el Gobierno Petro.

La coincidencia entre ambos asuntos ha generado preguntas sobre las condiciones de contratación en entidades estatales y la posibilidad de que existan casos relacionados.

Sin embargo, para determinar si las declaraciones se refieren a los mismos hechos o a personas coincidentes es necesario contar con información verificable. No puede establecerse una conexión directa entre los dos asuntos únicamente por la similitud de algunos señalamientos.

La revisión de los expedientes contractuales, los testimonios y los eventuales documentos aportados será fundamental para determinar si existen elementos comunes.

Las pruebas serán determinantes para esclarecer los hechos

El caso plantea interrogantes sobre la transparencia en la contratación pública, los mecanismos de control institucional y la importancia de investigar las denuncias que involucren a funcionarios o figuras políticas.

Para avanzar en el esclarecimiento, las autoridades deberán valorar las declaraciones, verificar los contratos mencionados y determinar si existen pruebas que respalden las posibles irregularidades.

También será importante distinguir entre las afirmaciones realizadas por Jiménez, los hechos que puedan corroborarse documentalmente y las conclusiones que eventualmente adopten los organismos investigadores o judiciales.

Por ahora, los señalamientos divulgados por el medio de comunicación deben entenderse como declaraciones atribuidas a la entrevistada, cuya veracidad no queda demostrada por su publicación.

La verificación independiente de las pruebas y el desarrollo de eventuales investigaciones serán determinantes para establecer qué ocurrió y si existen responsabilidades legales.