Menores muertos en operaciones militares es la palabra clave de una noticia que vuelve a poner en el centro del debate nacional la actuación de la Fuerza Pública, la protección de la población infantil y el cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario (DIH). Según el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, ocho menores de edad han fallecido en operaciones terrestres y aéreas desde que Abelardo de la Espriella asumió la Presidencia, de acuerdo con el balance presentado por el director de la entidad, Ariel Emilio Cortés.
La información se conoce en medio de la discusión sobre la continuidad de los bombardeos contra estructuras armadas ilegales y las medidas judiciales que buscan garantizar la protección de niños, niñas y adolescentes que podrían encontrarse en zonas de confrontación o haber sido reclutados por organizaciones criminales.
Cortés explicó que Medicina Legal cuenta con un registro institucional propio para documentar las muertes relacionadas con operaciones militares. De acuerdo con las cifras divulgadas, de los ocho menores fallecidos durante el periodo señalado, cinco eran de sexo masculino y tres de sexo femenino.
El funcionario indicó que estos datos corresponden al seguimiento que realiza la entidad sobre las víctimas de este tipo de acciones de la Fuerza Pública.
Medicina Legal reporta 17 menores fallecidos en 2026
El balance presentado por Medicina Legal también contempla el conjunto de casos registrados durante 2026. Según la información entregada por el director de la institución, aproximadamente 17 menores de edad han perdido la vida en operaciones de la Fuerza Pública durante el año.
De ese total, nueve casos corresponderían a la etapa final del Gobierno de Gustavo Petro, mientras que los ocho restantes se habrían registrado desde la llegada de Abelardo de la Espriella a la Presidencia, según el reporte citado.
Las cifras vuelven a llamar la atención sobre la situación de los menores de edad en territorios afectados por el conflicto armado y la presencia de organizaciones ilegales.
Entre los departamentos que concentran el mayor número de reportes figuran Norte de Santander, Guaviare y Arauca. Estas regiones han enfrentado históricamente problemas de seguridad asociados con la presencia de grupos armados, disputas territoriales y actividades criminales.
La situación de los niños, niñas y adolescentes en estos territorios representa un desafío para las autoridades, especialmente frente al reclutamiento forzado y la posibilidad de que menores permanezcan en campamentos o zonas donde se desarrollan operaciones militares.
Operación en Chocó genera nuevas preguntas
El balance conocido hasta ahora no incluye los posibles efectos del bombardeo ejecutado el 28 de octubre en el departamento del Chocó contra una estructura señalada como parte del Clan del Golfo.
De acuerdo con la información suministrada en el reporte, la operación fue ordenada por el presidente Abelardo de la Espriella y sería la sexta acción aérea de este tipo durante su administración.
Hasta el momento de la información divulgada, las autoridades no habían presentado un balance oficial que permitiera establecer si hubo menores de edad afectados en ese operativo.
Este punto resulta especialmente relevante debido a las preocupaciones sobre la posible presencia de niños, niñas y adolescentes reclutados por organizaciones armadas ilegales en los lugares donde se desarrollan acciones militares.
La falta de información definitiva sobre posibles víctimas menores en operaciones específicas hace necesario distinguir entre las cifras consolidadas de Medicina Legal y los resultados particulares de cada intervención militar.
Tribunal Superior de Bogotá permite continuidad de bombardeos
La divulgación de las cifras coincidió con una decisión judicial relacionada con las operaciones aéreas y terrestres de las Fuerzas Militares.
El Tribunal Superior de Bogotá revocó una medida cautelar que restringía los bombardeos contra estructuras armadas ilegales ante la posibilidad de que hubiera menores reclutados en las zonas de operación.
La determinación dejó sin efectos el fallo emitido el 16 de septiembre por el Juzgado 34 de Familia de Bogotá, que estaba relacionado con la planeación y ejecución de operaciones militares contra organizaciones ilegales.
Con esta decisión, las Fuerzas Militares podrán continuar desarrollando operaciones aéreas y terrestres, siempre que se ajusten a las obligaciones establecidas en el Derecho Internacional Humanitario.
Entre los principios que deben respetarse se encuentran la distinción entre combatientes y civiles, la proporcionalidad en el uso de la fuerza y la adopción de precauciones para evitar o reducir daños a la población civil.
Estos criterios son fundamentales para evaluar la legalidad de las operaciones militares, especialmente cuando existe información sobre la posible presencia de menores en las zonas intervenidas.
¿Por qué se revocó la medida cautelar?
El Tribunal Superior de Bogotá argumentó que la acción de tutela presentada para limitar las operaciones no cumplía con los requisitos procesales necesarios para adoptar una decisión de fondo.
Según el tribunal, la solicitud no individualizaba a las personas presuntamente afectadas ni identificaba operaciones militares específicas que permitieran establecer una amenaza concreta e inmediata contra derechos fundamentales.
Asimismo, consideró que las pretensiones relacionadas con modificaciones generales de la política militar y de seguridad nacional debían tramitarse mediante mecanismos judiciales distintos de la tutela, debido a su alcance colectivo y estructural.
La decisión judicial no elimina las obligaciones de las autoridades militares de proteger a la población civil ni las exigencias del Derecho Internacional Humanitario durante las operaciones.
Seguridad nacional y protección de menores
El Gobierno Nacional ha defendido el uso de las capacidades aéreas de las Fuerzas Militares como una herramienta para combatir a las organizaciones armadas ilegales que operan en distintas regiones de Colombia.
El Ejecutivo sostiene que estas acciones buscan proteger a las comunidades, defender la soberanía nacional, enfrentar estructuras criminales y apoyar a las poblaciones ubicadas en zonas apartadas.
Sin embargo, las cifras de Medicina Legal mantienen abierto el debate sobre los riesgos que enfrentan los menores de edad en contextos de confrontación armada.
El desafío para las instituciones consiste en combatir a los grupos ilegales sin desconocer las obligaciones de protección de la población civil. La verificación de las víctimas, la transparencia en los balances oficiales y el cumplimiento de las normas humanitarias serán elementos centrales para evaluar los resultados de las operaciones militares.
