Donald Trump y las deportaciones masivas quedaron nuevamente en el centro del debate político en Estados Unidos. El presidente reconoció que su estrategia migratoria pudo haber sido “demasiado dura” y que el impacto de esas medidas le habría perjudicado al Partido Republicano en las elecciones legislativas del 3 de noviembre, en las que los demócratas obtuvieron el control del Congreso, según las proyecciones citadas en el informe.
Las declaraciones fueron entregadas durante una entrevista con el programa 60 Minutes, de la cadena CBS, grabada el viernes y emitida el domingo por la noche. En la conversación, Trump admitió que las operaciones migratorias también afectaron a personas que, pese a haber ingresado irregularmente al país, tenían empleos y desarrollaban actividades laborales.
“Me perjudica que también nos llevamos a personas con buenos empleos, que cometieron una violación, o infringieron la ley, y esa fue que entraron al país ilegalmente”, afirmó el mandatario. Posteriormente, al referirse al alcance de su política migratoria, reconoció: “Creo que fue demasiado duro”.
El comentario representa un reconocimiento del costo político que pueden tener las deportaciones indiscriminadas entre sectores de la población que respaldan medidas de control fronterizo, pero consideran que algunos trabajadores inmigrantes deberían tener la posibilidad de permanecer en territorio estadounidense.
Trump defiende el cierre de la frontera
Pese a reconocer que su estrategia pudo haber sido excesiva, Trump defendió los resultados de su política migratoria y aseguró que merece una calificación sobresaliente por haber cerrado la frontera y expulsado a quienes considera delincuentes.
El presidente sostuvo que debería recibir “una A más” por el cierre fronterizo y “notas muy altas” por la expulsión de los inmigrantes que calificó como malos. Al mismo tiempo, reconoció que existe un grupo importante de ciudadanos que considera injusto deportar a personas que trabajan, pagan impuestos y contribuyen a sectores como la jardinería y la hotelería.
En su opinión, el tema migratorio tuvo efectos contradictorios para los republicanos durante la campaña electoral: ayudó a consolidar apoyos entre quienes exigen controles más estrictos, pero también generó rechazo entre votantes que cuestionan el alcance de las operaciones.
Durante la entrevista, Trump manifestó su disposición a negociar con los demócratas para introducir cambios en materia migratoria. Cuando el entrevistador Ross Douthat le preguntó si un eventual acuerdo podría incluir un estatus legal para trabajadores indocumentados, el mandatario respondió afirmativamente, aunque no presentó una propuesta concreta.
También señaló que algunos sectores de extrema derecha preferirían expulsar a todos los inmigrantes indocumentados, y reconoció que personas con esa postura forman parte de su administración.
Stephen Miller y la presión sobre ICE
Las declaraciones del presidente se producen en medio de señales contradictorias sobre el futuro de las operaciones migratorias. El viernes, Trump ascendió a Stephen Miller al cargo de jefe de gabinete, en reemplazo de Susie Wiles. Miller es considerado uno de los principales arquitectos de la política de deportaciones masivas impulsada por el Gobierno.
Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) rechazó cualquier posibilidad de reducir las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). En una declaración citada por la BBC, la entidad aseguró que “ICE NO está retrocediendo ni frenando”.
Una portavoz de la Casa Blanca también sostuvo que la administración continuará con los esfuerzos para arrestar y deportar a inmigrantes indocumentados que hayan cometido delitos y representen una amenaza para las comunidades.
De acuerdo con fuentes de ICE citadas por CBS, durante las últimas semanas los funcionarios recibieron instrucciones de apuntar a aproximadamente 2.700 arrestos diarios, frente a una meta anterior de 2.000. La cifra refleja que, al menos en el ámbito operativo, no se habría ordenado una reducción de las acciones migratorias.
Vance plantea revisar la estrategia
El vicepresidente JD Vance también se refirió al futuro de la política migratoria después de los resultados electorales. El funcionario manifestó estar abierto a modificar los mecanismos de aplicación de la ley y planteó la posibilidad de concentrar mayores esfuerzos en las empresas que contratan trabajadores sin autorización legal.
La propuesta apunta a trasladar parte de la presión hacia los empleadores, en lugar de centrar las operaciones exclusivamente en los trabajadores inmigrantes.
El costo electoral de las deportaciones
La inmigración fue el tercer asunto de mayor importancia para los votantes en las elecciones legislativas, después de la economía y el estado de la democracia, según los sondeos a boca de urna citados por la BBC.
En estados tradicionalmente conservadores, como Texas, el desplazamiento de parte del voto latino hacia los demócratas habría contribuido a fortalecer los resultados de ese partido.
El debate migratorio también estuvo acompañado de protestas contra ICE en ciudades como Chicago, Minneapolis y Los Ángeles. En Minneapolis, las operaciones de agentes migratorios estuvieron relacionadas con la muerte a tiros de dos manifestantes, Renee Good y Alex Pretti, según el texto fuente.
Trump atribuyó parte del resultado electoral a un problema de comunicación y reconoció que pudo haber transmitido un mensaje equivocado. “Creo que fue un mal mensaje, quizás mío, pero yo hablaba de ello todo el tiempo”, expresó. Además, criticó a los medios de comunicación por no destacar lo que considera noticias positivas de su administración y restó importancia al impacto de la guerra con Irán sobre la situación económica.
En otra entrevista con CNN, el mandatario afirmó que considera “muy improbable” que se reanude el conflicto, aunque condicionó esa posibilidad a que Teherán acepte un acuerdo que calificó como muy fuerte.
Las declaraciones sobre inmigración abren así un nuevo debate dentro del Gobierno republicano: mantener una política de deportaciones estricta o introducir ajustes que permitan diferenciar entre quienes tienen antecedentes criminales y los trabajadores indocumentados que llevan años vinculados a la economía estadounidense.