IPS en Atlántico es el centro de las acciones de inspección, vigilancia y control que adelanta la Gobernación, a través de la Secretaría de Salud, para garantizar que las instituciones prestadoras de servicios de salud cumplan los requisitos legales y ofrezcan atención segura y de calidad a los pacientes. Durante lo corrido de 2026, las autoridades departamentales han ordenado el cierre de 37 establecimientos por incumplimientos en las condiciones de habilitación.
La Administración departamental informó que estas acciones buscan proteger a los usuarios, fortalecer la prestación de los servicios médicos y evitar que establecimientos sin las condiciones exigidas por la normativa atiendan a la población.
Los operativos se desarrollan en coordinación con las secretarías de salud municipales e incluyen visitas de verificación, asistencia técnica y acompañamiento a las instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS), tanto públicas como privadas. Un equipo interdisciplinario de profesionales revisa las condiciones de funcionamiento y adopta las medidas correspondientes cuando encuentra irregularidades.
Además de las inspecciones, la Secretaría de Salud departamental viene desarrollando jornadas de capacitación para fortalecer los conocimientos de los prestadores sobre las disposiciones legales y los procedimientos necesarios para garantizar la calidad de la atención.
Una de estas actividades reunió a representantes de IPS públicas y privadas del departamento, quienes recibieron formación sobre el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de Salud (SOGCS), reglamentado en el Decreto 780 de 2016.
Durante la jornada se explicaron los tres componentes principales del sistema: el Sistema Único de Habilitación (SUH), la Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención en Salud y el Sistema de Información para la Calidad.
Rosmery Wehedeking, subsecretaria de Asesoría y Asistencia en Seguridad Social en Salud del Atlántico, explicó que estos espacios buscan fortalecer las competencias de los prestadores habilitados y promover el cumplimiento de las condiciones exigidas para ofrecer servicios médicos.
La funcionaria señaló que la capacitación permite generar conciencia sobre las responsabilidades de las instituciones y la importancia de garantizar una atención con calidad, sensibilidad y humanización.
También se abordó el Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad (PAMEC), herramienta que permite a las instituciones evaluar sus procesos, identificar dificultades y establecer acciones para mejorar continuamente la atención.
Este procedimiento contempla la autoevaluación institucional, la priorización de oportunidades de mejora, la definición de estándares, el seguimiento mediante indicadores y la implementación de medidas correctivas.
Otro componente explicado fue el Sistema de Información para la Calidad, que utiliza indicadores contemplados en la Resolución 256 de 2016 para evaluar el desempeño de los prestadores y facilitar la toma de decisiones en el sector.
Uno de los procedimientos más recientes se realizó en Soledad, donde una comisión integrada por siete verificadores departamentales y funcionarios de la Secretaría de Salud municipal inspeccionó durante tres días un total de 24 establecimientos.
En los recorridos se encontraron diferentes irregularidades, entre ellas personas que presuntamente realizaban procedimientos sin la acreditación correspondiente, establecimientos que funcionaban sin habilitación y comercialización de insumos vencidos.
Según el balance presentado por las autoridades, 16 de los 24 establecimientos inspeccionados operaban sin estar habilitados ante las autoridades sanitarias. De estos, 12 eran reincidentes en el incumplimiento de la normativa, mientras que cuatro fueron identificados como nuevos casos.
El informe también identificó cinco personas que desarrollaban actividades relacionadas con la atención odontológica sin aparecer en el Registro Único Nacional del Talento Humano en Salud (ReTHUS) ni en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS).
Entre los hallazgos se encontraron presuntos casos de personas que realizaban procedimientos odontológicos sin contar con el título correspondiente. Asimismo, algunos establecimientos impidieron el ingreso de los funcionarios encargados de las verificaciones.
Las irregularidades también se presentaron en instituciones que contaban con habilitación formal. Los ocho prestadores habilitados inspeccionados registraron hallazgos relacionados con insumos vencidos, incumplimiento de medidas sanitarias y presuntas inconsistencias en la utilización de los servicios autorizados.
Ante estas situaciones, las autoridades adoptaron medidas preventivas, incluido el sellamiento de establecimientos, e iniciaron los procedimientos administrativos correspondientes para tramitar la cancelación de registros de los prestadores que incumplen las disposiciones. A uno de los establecimientos se le concedió un plazo de 24 horas para comparecer ante la Secretaría de Salud departamental.
En contraste con los cierres y las medidas de control, la Gobernación informó que durante 2026 se han habilitado 246 servicios de salud en el departamento, después de que sus prestadores cumplieran los trámites y requisitos establecidos para operar.
La Administración destacó que la vigilancia no se limita a sancionar los incumplimientos, sino que también busca acompañar a las instituciones en el fortalecimiento de sus procesos administrativos, técnicos y asistenciales.
Representantes del sector salud que participaron en las capacitaciones resaltaron la importancia de estos espacios para mejorar la atención al paciente, los tiempos de espera, la disponibilidad de citas y la satisfacción de los usuarios.
Con estas medidas, la Gobernación del Atlántico busca consolidar una red de prestadores que cumpla las condiciones de habilitación y responda a las necesidades de la población.
Las autoridades reiteraron la importancia de mantener los controles sobre las IPS públicas y privadas, con el propósito de prevenir riesgos, proteger a los pacientes y garantizar que los servicios de salud se presten bajo criterios de seguridad, calidad y humanización.
