La Ley de Rescate del Gobierno del presidente Abelardo De la Espriella podría iniciar esta semana su trámite formal en el Congreso de la República, luego de que el Ejecutivo anunciara el retiro de la propuesta de gravar con IVA los productos de la canasta familiar y se conociera la designación de los 31 ponentes encargados de estudiar la iniciativa.
El avance del proyecto se produce en medio de las gestiones del Gobierno para conseguir respaldo legislativo a sus propuestas económicas y lograr que las reformas pendientes sean aprobadas antes de finalizar el año.
El vicepresidente José Manuel Restrepo anunció este martes, desde Nueva York, que el trámite de la Ley de Rescate comenzaría formalmente durante esta semana. Por su parte, el ministro de Comercio, Mauricio Gómez Amín, informó que la Ley de Competitividad pasaría a segundo debate la próxima semana.
Con este calendario, el Ejecutivo espera que ambas iniciativas completen su recorrido en el Legislativo y puedan ser sancionadas por el presidente antes de que termine 2026.
Como parte de los primeros pasos para avanzar en la discusión, este martes fueron convocadas las comisiones económicas conjuntas del Congreso para reunirse con los coordinadores y ponentes de la Ley de Rescate.
Los 31 congresistas designados tendrán la responsabilidad de coordinar y preparar la ponencia del proyecto, que será presentada ante las comisiones terceras y cuartas de Senado y Cámara de Representantes, encargadas de los asuntos económicos y presupuestales.
La conformación de este grupo incluye una minoría de legisladores opositores, mientras que la mayoría corresponde a sectores de los partidos mayoritarios. Esta distribución podría facilitar el desarrollo de las conversaciones legislativas, aunque el respaldo definitivo al articulado deberá establecerse durante el estudio y las votaciones correspondientes.
El retiro de la propuesta de aplicar IVA a la canasta familiar también representa un cambio en la discusión política alrededor de la iniciativa, luego de las inquietudes expresadas por distintos sectores frente al posible impacto de esa medida en los hogares colombianos.
La Ley de Rescate forma parte de las iniciativas con las que el Gobierno pretende atender los desequilibrios de las finanzas públicas y responder a las necesidades económicas del país.
En ese contexto, el Ejecutivo ha señalado la importancia de avanzar en reformas que permitan enfrentar los compromisos de gasto, las necesidades de financiamiento y el nivel de endeudamiento público.
El panorama económico también ha sido objeto de observaciones por parte de organismos internacionales, que han advertido sobre los desafíos fiscales que enfrenta Colombia y la necesidad de adoptar medidas para fortalecer la estabilidad macroeconómica.
En el pronunciamiento citado sobre la situación del país, se señaló que Colombia debe abordar desequilibrios macroeconómicos y de política económica heredados, entre ellos un elevado nivel de deuda pública, importantes necesidades de financiamiento y compromisos de gasto.
El documento también menciona que el terremoto agravó estas dificultades al generar nuevas necesidades de reconstrucción en un escenario en el que el margen de maniobra fiscal ya era limitado.
En su evaluación, el organismo internacional destacó que el nuevo Gobierno reconoce la magnitud de los desafíos económicos y ha comenzado a definir una agenda de reformas para atenderlos.
Asimismo, manifestó su disposición de acompañar a Colombia en esos esfuerzos y mantener el diálogo sobre las alternativas para respaldar las medidas que se impulsen desde el Ejecutivo.
“Estamos dispuestos a apoyar a Colombia en estos esfuerzos y esperamos continuar el diálogo sobre la mejor manera de respaldar la agenda de reformas”, señalaron en el pronunciamiento.
Este acompañamiento se suma a las discusiones que deberá enfrentar el Gobierno en el Congreso para conseguir los consensos necesarios alrededor de sus propuestas económicas.
Con el inicio de la discusión de la Ley de Rescate y el avance anunciado de la Ley de Competitividad, las próximas semanas serán determinantes para conocer el ritmo que tendrán las iniciativas en el Legislativo.
El Gobierno busca que los proyectos superen los debates correspondientes y lleguen a sanción presidencial antes del cierre del año. Sin embargo, el resultado dependerá del análisis de los congresistas, los acuerdos políticos y las modificaciones que puedan surgir durante el trámite.
Por ahora, la convocatoria de las comisiones económicas y la designación de los ponentes marcan el comienzo de una etapa decisiva para la Ley de Rescate, una de las principales apuestas económicas de la administración de Abelardo De la Espriella.