Un presunto hallazgo fiscal por $5.206 millones fue identificado por la Contraloría General de la República tras auditar un convenio suscrito por la administración distrital para la realización de las Fiestas del Mar. El proceso compromete la gestión del alcalde Carlos Pinedo Cuello y abre interrogantes sobre la ejecución de recursos públicos destinados a actividades culturales.

El contrato analizado corresponde al Convenio RE ESAL-004-2024, cuyo propósito era brindar apoyo al desarrollo de las festividades como parte de la conmemoración rumbo a los 500 años de la ciudad, mediante el fortalecimiento de las artes, la cultura y los saberes tradicionales. Sin embargo, durante la auditoría el organismo de control encontró que no existe soporte documental suficiente para verificar el cumplimiento total del objeto contractual.

Aunque el informe final del contratista afirma que el convenio fue ejecutado en un 100 %, la revisión técnica determinó que varias actividades reportadas carecen de evidencias que respalden su realización. Esta situación impide confirmar la ejecución real de las acciones contratadas y la correcta aplicación de los recursos públicos, lo que da origen al posible detrimento patrimonial.

Según el informe, el problema tendría origen en deficiencias de seguimiento técnico, administrativo y financiero por parte de la Secretaría de Cultura Distrital. La falta de controles efectivos habría generado debilidades en la supervisión contractual y en la verificación de las obligaciones pactadas.

Tras conocerse el hallazgo, surgieron múltiples cuestionamientos dirigidos al mandatario local. Entre ellos, la ubicación de los soportes faltantes, la razón por la cual no se presentaron durante la auditoría y si actualmente la administración cuenta con la documentación necesaria para subsanar las inconsistencias detectadas.

También se cuestionan los mecanismos de control aplicados durante la ejecución del convenio: si se realizaron comités de seguimiento, actas de supervisión y revisiones financieras periódicas, o si existieron fallas estructurales en la vigilancia del contrato.

Otro punto clave es la eventual apertura de investigaciones internas. Ante la magnitud del presunto detrimento, se espera que la administración distrital determine responsabilidades disciplinarias y adopte correctivos para evitar que situaciones similares se repitan en futuros eventos culturales.

La transparencia será otro aspecto determinante. Organizaciones y ciudadanos han solicitado que la Alcaldía publique de manera detallada los informes técnicos, soportes financieros y evidencias de ejecución para permitir control social sobre el manejo de los recursos.

De no subsanarse la falta de documentación, existe riesgo de que se configure un detrimento patrimonial efectivo para el Distrito. El caso queda ahora en manos de los organismos de control, que deberán establecer responsabilidades fiscales y definir las medidas correspondientes frente a los posibles responsables.