Por: Redacción.
Los congresistas Alternativos Iván Cepeda, Antonio Sanguino, Gustavo Petro Urrego, Alexander López, Wilson Arias, María José Pizarro, Aída Avella, León Fredy Muñoz, Ángela Robledo, Victoria Sandino, Gustavo Bolívar, David Racero, Feliciano Valencia, en calidad de más de 20 representantes de partidos y grupos políticos declarados en oposición solicitaron de manera clara y contundente que se protejan los derechos fundamentales y convencionales de Carlos Caicedo y Rafael Martínez, líderes de Fuerza Ciudadana.
De acuerdo con lo manifestado en el documento que contiene ocho páginas y va dirigido al presidente Iván Duque; el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez y al Procurador general, Fernando Carrillo, lo que se observa es una grave y sistemática persecución judicial de carácter penal en contra de Fuerza Ciudadana.
“La situación es realmente preocupante, pues en verdad, lo que se observa es una grave y sistemática persecución judicial de carácter penal en contra de Carlos Eduardo Caicedo y Rafael Martínez, instrumentalizada por el director Seccional de Fiscalías de Santa Marta, el señor Vicente Guzmán, quien no sólo llegó a esa designación, según advirtieron algunos medios de comunicaciones por cuenta de su cercana amistad con el ex magistrado Francisco Ricaurte — hoy detenido por integrar presuntamente el cartel de la toga- sino que además mostró su interés tortícero por cuenta de la grave denuncia que hizo el entonces juez octavo de garantías de Santa Marta, Gabriel Ospino Guzmán, quien precisamente en el mes de noviembre de 2017, no sólo negó la medida de aseguramiento pedida por la Fiscalía en contra de los precitados líderes políticos de Santa Marta, sino que además denunció que el señor Vicente Guzmán, actual Director Seccional de Fiscalías, en el desarrollo de las audiencias para pedir la privación de la libertad, lo invitó a que fuera a su oficina, tal y como se publicó en medios de comunicación local”, argumentaron los congresistas.
Por razón de todo lo expuesto y otros considerandos, solicitaron como ciudadanos y líderes políticos, que en el marco de las competencias constitucionales y legales de cada uno de a quienes se dirige esta comunicación, se accede a las siguientes peticiones.
1.Al Señor Fiscal General de la Nación, que disponga el cambio de radicación de todas las investigaciones penales que cursan actualmente en contra de Carlos Eduardo Caicedo Omar y de Rafael Martínez. De este modo, se solicita que todas esas diligencias sean trasladadas hasta la ciudad de Bogotá y por ende, que cualquier actuación judicial que se deba surtir se haga ante los jueces de garantías de esa ciudad. Igualmente, que se den las instrucciones del caso para que se ofrezcan verdaderas garantías en cada una de dichas investigaciones en contra de los citados ciudadanos.
2. Al Señor Procurador General de la Nación, supremo garante de los derechos de las personas y del interés general, quien además se ha destacado por garantizar la imparcialidad en las instituciones del Estado, cumpliendo así con sus funciones constitucionales y legales que le son propias, para que acompañe y defienda los derechos de Carlos Eduardo Caicedo y Rafael Martínez.
3. Al Señor Presidente de la República, para que, en caso de ser necesario la definición de un encargado como Alcalde de Santa Marta, tome esa decisión en los precisos términos fijados por la Ley 1475 de 2011, sin dilaciones de ningún orden.
