Daneidy Barrera Rojas, conocida como ‘Epa Colombia’, fue condenada a cinco años y tres meses de prisión por actos de vandalismo contra una estación de TransMilenio durante las protestas de 2019. Su abogado, Omar Ocampo, ha solicitado al presidente Gustavo Petro y al alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, que Barrera sea nombrada gestora de paz, argumentando su resocialización y capacidad para generar empleo. Además, Ocampo planea interponer una tutela para evitar su encarcelamiento, alegando que Barrera es madre cabeza de familia y su reclusión dejaría a su hijo desprotegido.

Sin embargo, esta solicitud enfrenta obstáculos significativos. Según el artículo 2 de la Ley 418 de 1997, los gestores de paz son individuos que representan a organizaciones alzadas en armas o que han pertenecido a ellas y están en proceso de reincorporación. Dado que Barrera no cumple con estos criterios, su designación como gestora de paz sería jurídicamente inviable.

Además, la Corte Suprema de Justicia ha ratificado la condena de Barrera, encontrándola culpable de perturbación al servicio de transporte público, instigación a delinquir con fines terroristas y daño en bien ajeno. A pesar de sus esfuerzos por reparar el daño y disculparse públicamente, la sentencia se mantiene.

En resumen, aunque la defensa de ‘Epa Colombia’ busca alternativas para evitar su encarcelamiento, las barreras legales y la naturaleza de su condena dificultan su nombramiento como gestora de paz.

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