La disputa legal entre el reconocido artista puertorriqueño Daddy Yankee y su exesposa, Mireddys González, ha escalado a una nueva fase, esta vez en el Tribunal Federal de Puerto Rico, con la presentación de una demanda por parte de las empresas El Cartel Records, Inc. y Los Cangris, Inc., ambas presididas por el artista. En la acción legal, también figura como demandada la hermana de Mireddys, Ayeicha González, y se reclama una indemnización por daños de 12 millones de dólares, en lo que representa uno de los capítulos más complejos y polémicos del proceso de separación de bienes entre el exmatrimonio.
De acuerdo con el documento radicado ante el tribunal federal, se acusa a Mireddys y a su hermana de violar leyes federales, específicamente la Ley de Fraude y Abuso Informático y la Ley de Comunicaciones Almacenadas, al acceder sin autorización a cuentas electrónicas, borrar correos electrónicos y eliminar documentos corporativos clave. Los demandantes aseguran que dichas acciones fueron intencionadas y meticulosamente planeadas, y se produjeron justo en el momento en que las demandadas estaban a punto de perder el control de las entidades corporativas, en medio de un litigio paralelo en la justicia estatal de Puerto Rico.
Los representantes legales de Daddy Yankee señalan que estas presuntas acciones de sabotaje incluyeron la destrucción de comunicaciones esenciales relacionadas con asuntos corporativos estratégicos, como la venta multimillonaria del catálogo musical del artista y la planificación de su exitosa gira de despedida, titulada La última vuelta. Al eliminar o manipular estos archivos, se habría comprometido la gestión y administración de las compañías del cantante, afectando intereses comerciales de gran valor.
El origen del conflicto legal se remonta a finales de diciembre de 2024, cuando según la demanda, Mireddys González y su hermana habrían ejecutado una serie de transferencias bancarias por un total de 100 millones de dólares, retirados desde cuentas empresariales de El Cartel Records y Los Cangris hacia cuentas personales, todo ello sin la autorización ni el conocimiento de Daddy Yankee. Estos hechos ocurrieron justo cuando se confirmaba públicamente la separación del artista y Mireddys tras casi 30 años de matrimonio y dos hijos en común. El divorcio fue oficializado el 19 de febrero de 2025, marcando el inicio de una prolongada y tensa batalla legal por los activos compartidos.
Desde entonces, el conflicto ha derivado en múltiples acciones legales en tribunales estatales de Puerto Rico. Uno de los episodios recientes más destacados ocurrió el 30 de mayo, cuando Daddy Yankee presentó una solicitud para desestimar una petición de desacato civil presentada en su contra por su exesposa. Esta acción, de haber prosperado, habría implicado una multa diaria de 5.000 dólares en su contra. No obstante, su equipo legal argumentó que no existían méritos suficientes para sostener dicha sanción.
La nueva demanda federal representa un giro drástico en la estrategia legal del artista, trasladando el pleito al ámbito de las leyes federales sobre ciberseguridad, privacidad y administración corporativa, lo que podría acarrear consecuencias más severas para las acusadas si se comprueban las alegaciones. La magnitud del caso ha captado la atención mediática tanto por el perfil del demandante como por la complejidad de las acusaciones, que tocan temas financieros, tecnológicos y de confidencialidad empresarial.
Por ahora, ni Mireddys González ni su hermana Ayeicha han hecho declaraciones públicas frente a la nueva querella. El proceso judicial está en curso, y se espera que en los próximos meses se definan las primeras audiencias y posibles medidas cautelares. Mientras tanto, el nombre de Daddy Yankee vuelve a ocupar titulares, esta vez no por sus éxitos musicales, sino por una batalla legal millonaria que podría marcar un precedente en la industria del entretenimiento y la gestión de patrimonio en figuras públicas.
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