Por: Amalfi Rosales.
La negligencia o la corrupción de los que imparten justicia en el departamento del Cesar y La Guajira ha sido cuestionado por las víctimas que se sienten amenazadas por la banda delincuencial que comanda Marquitos Figueroa y el exgobernador de la Guajira Juan Francisco Kiko Gómez, quienes al parecer desde sus lugares de reclusión imparten órdenes y manejan cierto poder en los sectores públicos y privados en el departamento.
Mediante el operativo denominado ‘Operación Zafiro’, la Policía Nacional en coordinación con la Fiscalía detuvo a seis incriminados que delinquen en los departamentos de La Guajira, Cesar, Atlántico y Magdalena.
De los seis capturados han dejado en libertad a tres de los miembros de la organización por orden de los jueces quienes revocan las medidas de aseguramiento solicitadas por la Fiscalía, alegando que no representan un peligro para la sociedad.
Según información de una fuente allegada al clan Figueroa, al parecer el juez que lleva el proceso de los implicados ha recibido dineros por parte de Ovidio Mejía; la fuente también dijo que uno de los movimientos en la rama judicial la estaría orquestando Carmen Dalis Argote Solano, magistrada del Tribunal Administrativo de Riohacha quien se desempeñó como juez en Valledupar y es esposa de Ángel García Peñaranda, primo y testaferro de Marquitos Figueroa. Según la fuente, existen altos funcionarios del Cesar y La Guajira vinculados o colaboradores de la estructura criminal que ya la fiscalía tiene conocimiento, pero mientras haya plata, esos procesos nunca prosperarán, añadió la fuente.Estas libertades ponen en peligro a las víctimas y testigos que han venido denunciando el historial delictivo del Clan Marquito Figueroa y de Juan Francisco Kiko Gómez quien ya paga una condena de 55 años en la cárcel La Picota en Bogotá.
TESTIGO, VÍCTIMAS Y PERIODISTAS EN LA MIRA DE MARQUITO FIGUEROA
Los hermanos Daimer Paul y Felipe “Pipe” Corrales Figueroa, sobrino y personas de confianza del alias Marquito Figueroa, están libres junto con otros sujetos que hacen parte del clan, por orden de unos jueces que sin soportes legales les revocan las medidas a pesar que la Fiscalía tiene prueba suficiente para condenarlos por delitos excarcelables como es el homicidio agravado, concierto para delinquir y porte de arma de fuego, entre otros.
Los testimonios de testigos protegidos, declaraciones de ex miembros de la organización criminal, quienes han aportado pruebas suficientes, así como familiares, de víctimas que involucran a Fiscales, Jueces, detectives y funcionarios de la costa inclusive en Bogotá que están al servicio de este temible clan, según la fuente están comprando a la justicia para que salga también el jefe.
El periodista Gonzalo Guillén denunció por medio de su cuenta de Twiter, que en una parranda la noche anterior en Valledupar donde asistieron grandes personajes reconocidos como Andrés Alfonso Zuleta (hijo de Poncho Zuleta) en compañía del hampa de Cesar y La Guajira, entre esos Paul Corrales Figueroa, sobrino y sucesor de Marquitos Figueroa, en dicha reunión conspiraba contra el periodista y hablaban de un supuesto plan para atentar contra su integridad y la de su familia.
Por su parte se espera que la Fiscalía General de Nación traslade los procesos a la capital del país.
