Por: Redacción.
La Procuraduría General de la Nación confirmó el fallo que destituyó e inhabilitó por 10 años al gobernador de Córdoba, Edwin Besaile Fayad, y al exgobernador de ese mismo departamento, Alejandro Lyons Muskus, por las irregularidades encontradas en pagos de terapias a menores de edad en condición de discapacidad.
Según pudo confirmar el ministerio público, los exmandatarios no vigilaron los actos de sus secretarios de Salud, permitiendo que se ordenara el pago de terapias de rehabilitación a menores de edad sin que existiera un contrato entre la Gobernación y la IPS Funtierra Rehabilitación.
Además de señalar esas irregularidades, en el fallo de segunda instancia se manifiesta que estos pagos ascendieron a más de $4.988 millones, y confirmó las irregularidades y los malos manejos de los recursos.
“No ejercieron su deber de vigilancia para cubrir terapias de rehabilitación a 2.181 menores de edad en condición de discapacidad, en el periodo comprendido entre diciembre de 2014 y agosto de 2015”, señaló la Sala Disciplinaria de la Procuraduría.
Añade la Procuraduría en el fallo que “la Gobernación no se encontraba en una situación de urgencia que le impidiera planificar y adelantar el correspondiente proceso de contratación, teniendo en cuenta que conocía la necesidad que se venía presentando en los últimos años frente a la prestación del servicio y la reiteración de las tutelas”.
En la decisión de segunda instancia el órgano de control calificó la falta de los funcionarios como ‘gravísima’.
