Por: Redacción.
Carlos Bermeo, el fiscal de la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial de Paz, aseguró que podía retardar órdenes judiciales y solicitar prórrogas de las órdenes de un magistrado para dilatar los términos en la devolución de un documento enviado por una agencia de investigación.
Precisamente fue este uno de los señalamientos que hizo la Fiscalía durante la imputación de cargos contra Bermeo, el exsenador Luis Alberto Gil Castillo y otras tres personas capturadas el viernes pasado. En este sentido, el ente acusador afirmó que ese ofrecimiento lo hizo Bermeo el 1 de marzo en una reunión que fue grabada por un agente encubierto, momento en el cual, según las normas de la JEP, estaba en la posibilidad de cumplir con los ofrecimientos que había hecho.
En ese momento, a pesar de que en Colombia se pensaba que EE. UU. había decidido simplemente no pronunciarse sobre la solicitud de pruebas hecha con la carta de la JEP, a finales de enero pasado se vino a saber que la comunicación no había llegado a su destino. En ese momento, el Gobierno responsabilizó a la empresa de mensajería 4-72 del extravío de la misiva, que se quedó y tuvo que ser enviada de nuevo.
En la audiencia la Fiscalía también sostuvo que Bermeo había influido en un secretario encargado de recibir los documentos de la JEP para retrasar al menos tres meses ese proceso y recordó que éste también hacía parte de una red que negoció en la misma reunión del 1 de marzo la entrega de droga a una persona identificada como Alexánder Toro. Esta mercancía, al parecer, sería llevada a Roma (Italia) para ser distribuida en una discoteca de Toro.
“Usted esperaba recibir al menos 500 mil dólares americanos a cambio de influir en servidores públicos que conocen del proceso de extradición de Jesús Santrich”, sostuvo la Fiscalía.
