Por: Redacción.
Nueve personas fueron capturadas en Cesar por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, señaladas de pertenecer al llamado ‘Carrusel de las pensiones’ en empresas mineras en Cesar.
Las diligencias de registro y allanamiento se realizaron en Valledupar (Cesar) en los barrios Francisco el Hombre, Nueva Esperanza, La Victoria, Altagracia y Villa Carola. Una persona más fue capturada en el municipio de San Diego y otro en Bucaramanga (Santander).
Las indagaciones señalan que estas personas, que son ex trabajadores de la Drummon, empresa multinacional que explota carbón, Cerrejón y Prodeco adquirieron de manera ilegal sus pensiones.
Al parecer, la manera de operar en este caso, es que con avales de médicos calificadores de Colpensiones, funcionarios públicos que hacen parte de laJunta Regional de Calificación del Cesar (JRC), además de abogados, psiquiatras y juzgados laborales y civiles, presentaban documentación falsa para lograr alcanzar las pensiones argumentando problemas médicos.
De esta manera, según indicó la Fiscalía, un paciente que no alcanzaba un puntaje para pensionarse por problemas de salud, contactaba a la JRC y negociaba una calificación del 50% y más de la pérdida de capacidad laboral. En otros casos era el psiquiatra quien era contactado para expedir un dictamen declarando a la persona mentalmente invalida.
“Cuando el dictamen era apelado por las empresas entraban a jugar un papel importante los juzgados laborales, que a través de tutelas ordenaban a los fondos pensionales y a las aseguradoras pensionar y pagar las respectivas pólizas”, aseguró el ente acusador.
Sumado a esto, investigaciones de la Fiscalía señalan que estas personas solicitaron créditos financieros al máximo de su capacidad de endeudamiento, por lo que cuando tenían el dictamen médico con su incapacidad laboral certificada, lo llevaban a las entidades para que sus deudas fueran condonadas.
En las próximas horas las personas capturadas serán presentadas ante un juez y el ente acusador les imputará los delitos de estafa agravada, falsedad en documento público y fraude procesal.
21 personas más han sido capturadas por estos mismos hechos.
