Por: Maria Del Rosario Guerra.
Con dramática frecuencia los colombianos rechazamos indignados el asesinato de líderes sociales, los ataques cobardes contra nuestros policías y militares, el narcotráfico que mata a miles de compatriotas y envenena a nuestros jóvenes, y los delitos sexuales contra niñas y adolescentes indefensas. Es la voz de la Nación reclamando el final de esta barbarie y exigiendo que los responsables paguen por sus crímenes y nunca más tengan la oportunidad de volver a hacer daño.
Pero esa voz se contradice. Muchos de los que reclaman justicia a la vez defienden la impunidad representada en la denominada Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Un tribunal creado por los mismos miembros de las Farc que se someten a él, y que, en el poco tiempo que lleva de existencia, ha demostrado indiferencia por las víctimas y una irremediable voluntad de proteger a los responsables de las peores atrocidades de nuestra historia.
Las Farc, con el respaldo de los sectores políticos que decidieron modificar la estructura del país para respaldar el acuerdo con Santos, hoy se indignan por otro motivo: la posibilidad de que el presidente Iván Duque haga uso de sus facultades constitucionales y objete la Ley Estatutaria de la JEP.
El Centro Democrático ha luchado para que no se consolide la entrega del país a los violentos. Las consignas son claras: la impunidad es generadora de más violencia y ningún Estado debe arrodillarse ante el terrorismo. Hoy el Fiscal General de la Nación reitera que de firmarse dicha ley estatutaria se corre el riesgo de que los reinsertados que sigan en actividades del narcotráfico puedan conservar beneficios y la Fiscalía no los pueda investigar; que la JEP decida con libre albedrío sobre condenas limitadas a reincidentes en asesinato y secuestro; así como que se suspenda toda acción penal contra los autores materiales de crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad.
Ello se suma a que la ley estatutaria de la JEP cambia las reglas de la extradición (el caso de alias “Jesús Santrich” es el mejor ejemplo de ello); iguala con los guerrilleros a los hombres de nuestras Fuerzas Armadas y de Policía; y avala que los abusos sexuales a niños, los abortos inducidos y la esclavitud sexual de menores fueron “actos políticos y revolucionarios” que merecen penas alternativas de justicia transicional, es decir, cero días de cárcel. ¡Eso es una aberración!
La JEP, al igual que el acuerdo que le dio vida, es ilegítima porque el pueblo colombiano le dijo NO en ejercicio democrático del plebiscito que fue desconocido por Juan Manuel Santos y sus aliados políticos. La JEP, que cierra las puertas a las víctimas cuando los victimarios supuestamente confiesan sus crímenes, tan solo este año le costará al país 295 mil millones de pesos por gastos de 897 funcionarios.
¿Cómo no objetar esta ley?
Confío en que el presidente Iván Duque evaluará de fondo este tema y objetará todo aquello que le haga daño al país. No es posible construir una Democracia sólida y una sociedad con equidad, legalidad y emprendimiento, cuando leyes, cortes y tribunales parecen estar al servicio de los peores criminales. Colombia debe indignarse y reaccionar para que nunca más el terror sea un arma de negociación o generador de políticas públicas que humillan al pueblo colombiano y burlan la memoria de las víctimas.
