Por: Redacción.
Preocupado ante cualquier eventualidad jurídica que afecte el desarrollo de los Acuerdos de Paz y los derechos de las víctimas del conflicto armado en Colombia, el dirigente costeño y exalcalde de Santa Marta Carlos Caicedo, se pronunció tras conocerse la reciente objeción del presidente Iván Duque sobre seis de los 159 artículos de la Ley Estatuaria de Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Las inquietudes del vocero nacional de Fuerza Ciudadana surgieron luego que el Jefe de Estado solicitó una nueva revisión con fines de reforma constitucional a dicha norma legal, la cual consiste en administrar justicia transicional y conocer los delitos cometidos en el marco del conflicto antes del 1 de diciembre de 2016, en aras de satisfacer los derechos de las víctimas, además de ofrecerles verdad y contribuir a su reparación.
“La decisión del presidente Duque de objetar la Ley reglamentaria, argumentando su inconveniencia, afecta gravemente a la justicia transicional representada en la JEP, a los derechos de las víctimas, a la verdad, a la justicia y a la reparación integral y garantía de no repetición”, apuntó Caicedo.
De acuerdo con Caicedo, las objeciones a la JEP ponen en entredicho lo pactado en el Acuerdo de Paz, suscrito por el Estado colombiano y ampliamente respaldado por la comunidad internacional.
“El Estado colombiano debe honrar su palabra de cumplir los compromisos adquiridos ante la comunidad internacional y el Sistema de Naciones Unidas en el Acuerdo final para el fin del conflicto y la construcción de una Paz estable y duradera. El funcionamiento de la JEP con el pleno apoyo de la institucionalidad no es discrecional del fuero presidencial, ni de ningún órgano del poder público; su legalidad estuvo sometida al control de la Corte Constitucional y encontrada ajustada al ordenamiento constitucional vigente”, indicó el dirigente.
Con relación a la visión y la posición de garantes por parte de organismos internacionales, Caicedo enfatizó: “La misión de observación de las Naciones Unidas y la Corte Penal Internacional han observado la gravedad de la situación que se produciría de persistir las conductas tendientes a incumplir lo que son obligaciones de justicia del Estado con las víctimas del conflicto armado, los desmovilizados y los demás actores involucrados en el conflicto armado”.
Igualmente, el exmandatario de la capital del Magdalena que “la incertidumbre jurídica en que quedan los desmovilizados de las Farc y los militares vinculados no es buena para la Paz” debido a que, según él, “nuevamente serán las víctimas quienes verán vulnerados sus derechos fundamentales”.
Asimismo, Caicedo respaldó que la presidenta de la JEP, magistrada Patricia Linares, haya asegurado que esta Ley continuará con sus obligaciones constitucionales de aplicar la justicia transicional.
Es de destacar que si en el Congreso llegaran a aceptar las respuestas del ejecutivo, podría acarrear en otra larga demora en el proceso. Con relación a ello, Caicedo concluyó haciendo un llamado al Capitolio para que el legislativo nacional actúe acorde a lo establecido inicialmente:
Por su parte, la colectividad de la cual es vocero Caicedo manifestó estar igual de comprometidas con las víctimas del conflicto en defensa de sus derechos, por lo que exhortaron a “las fuerzas democráticas del país a ofrecer todo su apoyo moral y político a la JEP para que cumpla con la misión asignada por el Acuerdo y la Constitución e invita al Congreso a contar con la Ley objetada”.
