Por: Redacción.
“La decisión del Presidente Duque de objetar la ley reglamentaria de la JEP argumentando su inconveniencia afecta gravemente a la justicia transicional representada en la JEP, a los derechos de las víctimas a la verdad justicia, reparación integral y garantía de no repetición y a la implementación del acuerdo de paz”.
Así lo manifestó a través de un comunicado a la opinión pública el partido Fuerza Ciudadana, que calificó la objeción de los seis artículos de la ley estatutaria de la JEP por parte del presidente Duque como un “grave daño a la justicia y al derecho de los ciudadanos”.
Para la colectividad, esta acción termina por agravar la incertidumbre jurídica en que quedan los desmovilizados de la FARC y los militares vinculados a la paz. “Nuevamente serán las víctimas quienes verán vulnerados sus derechos fundamentales”, afirma la colectividad en su misiva.
Este es el comunicado emitido por el partido Fuerza Ciudadana:
El Estado colombiano debe honrar su palabra de cumplir los compromisos adquiridos ante la comunidad internacional y el Sistema de Naciones Unidas en el “Acuerdo final para el fin del conflicto y la construcción de una Paz estable y duradera”. El funcionamiento de la JEP con el pleno apoyo de la institucionalidad no es discrecional del fuero presidencial, ni de ningún órgano del poder público; su legalidad estuvo sometida al control de la Corte Constitucional y encontrada ajustada al ordenamiento constitucional Vigente.
La incertidumbre jurídica en que quedan los desmovilizados de la FARC y los militares vinculados producida por la negativa presidencial no es bueno para La Paz. Nuevamente serán las víctimas quienes verán vulnerados sus derechos fundamentales.
La presidenta de la JEP, declaró que este organismo continuará cumpliendo con sus obligaciones constitucionales de aplicar la justicia transicional; respaldamos dicha
decisión e instamos a la institucionalidad de justicia del país a ofrecer el mas amplio apoyo a la JEP.Corresponde ahora al Congreso de la República conocer las objeciones del ejecutivo y decidir sobre el fundamento de las mismas. Esta responsabilidad deberá ratificar lo que ya es un acto legal refrendado por la Corte Constitucional. Ni la comunidad democrática de Colombia, ni la internacional esperarían una modificación de la ley por ellos promulgada.
La misión de observación de las Naciones Unidas y la Corte Penal Internacional han observado la gravedad de la situación que se produciría de persistir las conductas
tendientes a incumplir lo que son obligaciones de justicia del Estado con las víctimas del Conflicto Armado, los desmovilizados y los demás actores involucrados en el conflicto armado.Fuerza Ciudadana, comprometida con las víctimas, en defensa de sus derechos exhorta a las fuerzas democráticas del país a ofrecer todo su apoyo moral y político a la JEP para que cumpla con la misión asignada por el Acuerdo y la Constitución; invita al Congreso Nacional a ratificar la Ley objetada y agradece la presencia activa de la comunidad internacional y las Naciones Unidas en este momento.
