Por: Redacción.
El pasado 14 de junio de 2018, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca decidió admitir una acción popular interpuesta por la Procuraduría General contra la Triple A, Inassa y la Superintendencia de Servicios.
Esta acción popular consistía en dejar sin efecto el contrato de asistencia técnica que se habían suscrito entre esas dos empresas y que exige la protección de los derechos colectivos, tanto en la prestación de servicios públicos como en el patrimonio público y la moralidad administrativa.
Para la Fiscalía, en la administración desleal de dicho contrato se giraron en total $237.836’823.000 sin soportes, configurando una desviación de dineros entre subsidios de bajos estratos y órdenes simuladas de servicio ante la pasividad de la administración pública de la Triple A y la misma Supertintendencia.
Así lo afirma el periodista Aurelio Suárez en una columna publicada en Blu Radio, en al que argumenta que “en 1999, Bernardo Hoyos mejoró la concesión a la Triple: la eximió de las regalías que debería pagar -$225 millones al mes- a cambio de participar en planes de inversiones en la Zona Suroccidental. El 19 de julio de 2000, anticipándose inexplicablemente al año 2012, cuando vencía la concesión, Hoyos la prorrogó hasta el año 2033. Aceptó además que inversiones con recursos propios que hiciera el concesionario para ‘mejoramiento o ampliación de la infraestructura’, que no hubieran sido amortiguadas al término del nuevo plazo, serían pagadas por el Distrito. En consecuencia, en los estados financieros de la Triple A hay una cuenta denominada ‘activos intangibles’, que iba en $364 mil millones en diciembre de 2017″.
Además, señala el columnista que el 27 de marzo de 2000, luego de la anticipada prórroga, la junta directiva de Tiple A aprobó un contrato de asistencia técnica con Inassa suscrito por Luis Nicolella de Caro y Francisco Olmos, respectivamente, que reconocía por su gestión 4,5% de los ingresos netos, con una llamativa cláusula de que entrara en vigencia una vez Aguas de Barcelona dejara de ser socio de Inassa.
Suárez afirma que con la concesión asegurada hasta 2033 y con el contrato de asistencia técnica como cheque en blanco, buscar nuevo socio-operador le dejaría enormes réditos a Aguas de Barcelona una vez saliera del paquete. Pero más adelante, se adelantó -como revela el columnista- un entramado de empresas en Panamá, que concluyó con el traslado de las acciones de Aguas de Barcelona en Inassa a la madrileña Canal de Isabel II, maniobra calificada como “pelotazo” en el caso Lezo.
Desde luego, Suárez afirma que durante 17 años hubo un exiguo avance en coberturas y en conservación de calidad y se dio un escandaloso aumento de agua perdida en las redes e injustificadas alzas en las tarifas en el metro cúbico básico y el cargo fijo por encima de la inflación, por lo cual, según él, no se justifica el cobro de Inassa por 237 mil millones que su expresidente Edmundo Rodríguez calificó como un “pacto oculto entre accionistas”.
Estas anomalías, a saber de Suárez, significaría que Barranquilla estaría entrampada, dado que la indemnización al Distrito de Barranquilla, tasada en $34 mil millones, no subsanará los despojos que se realizaron durante casi 25 años. Se configura entonces esta como una fuente continua de desfalcos que, con la negligencia de las administraciones locales y la Superintendencia, podrían perpetuarse transcurridos muchos años.
