Por: Redacción.

Un nuevo material probatorio obtenido por un equipo de fiscales e investigadores que ha descifrado el esquema de corrupción en la construcción de la Refinería de Cartagena – considerado como el más grave caso de corrupción de Colombia-, le permitió a la Fiscalía definir una tercera fase de investigación que pondría al descubierto presuntas inconsistencias en la asignación del multimillonario contrato de gerencia y administración del proyecto.

Según el ente acusador, indicios darían cuenta que el contrato PMC (Project Management Consultant), cuyo valor inicial superó los 95 millones de dólares, habría sido entregado directamente a la compañía extranjera Foster Wheeler & Process Consultant, sin previo concurso público que garantizara una selección objetiva del contratista.

Esta adjudicación, que para la Fiscalía se realizó ‘a dedo’, habría limitado la participación de otras compañías que podrían haber acreditado el perfil y la experiencia para asumir la gerencia, vigilancia y asistencia de los contratos de construcción de la refinería, las interventorías y otras obligaciones contempladas.

Ante esta nueva irregularidad detectada la Fiscalía informó que imputará el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales a Felipe Castilla Canales, presidente de Reficar S.A., entre el 29 de abril y el 1 de octubre de 2009, señalado de tramitar el contrato PMC sin convocar concurso público.

A la imputación de Castilla se suma la de Orlando José Cabrales Martínez, presidente de Reficar S.A., entre el 1 de octubre de 2009 y el 21 de noviembre de 2012, y a quien se le atribuye la celebración del contrato con la firma Foster Wheeler & Process Consultant.

La audiencia de formulación de cargos se cumplirá el próximo jueves 25 de abril en el Complejo Judicial de Paloquemao.

Con relación al ex directivo de Reficar S.A., Orlando José Cabrales Martínez, esta es la segunda imputación en su contra, dado que en julio de 2017 fue judicializado como presunto responsable de interés indebido en la celebración de contratos y actualmente cumple medida no privativa de la libertad.